Hay un momento particular en la vida de las ciudades en el que la pobreza deja de ser un dato estadístico, una preocupación abstracta o un problema "de otros", y pasa a ocupar el centro del espacio público. Personas durmiendo en la calle, ocupando edificios en construcción, pidiendo en esquinas céntricas o buscando refugio en lugares improvisados. Cuando eso ocurre, algo más profundo que una emergencia social está sucediendo: la pobreza se vuelve visible.
Rafaela atraviesa hoy ese momento. Y aunque el debate local tenga sus especificidades, lo que está en juego excede largamente a una ciudad o a una coyuntura. Es una escena que se repite en muchas localidades del país y de la región. Por eso, más que describir el fenómeno, vale la pena preguntarse qué nos dice políticamente esta visibilidad repentina.
Porque cuando la pobreza se vuelve visible, la política —casi siempre— llega tarde.
La ilusión de la sorpresa
Uno de los rasgos más llamativos del debate público en estos contextos es el tono de sorpresa. Como si el deterioro social hubiera aparecido de un día para el otro. Como si no hubiera señales previas. Como si no existieran advertencias, diagnósticos, estudios, recorridas territoriales, organizaciones sociales y actores políticos que vienen señalando estos procesos desde hace años.
La visibilidad no es sinónimo de aparición. Es, en todo caso, el fracaso de los mecanismos de contención, inclusión y planificación. La pobreza estaba ahí antes, pero no irrumpía en los espacios centrales, no interpelaba de manera directa a sectores medios y altos, no alteraba la cotidianeidad urbana de quienes toman decisiones.
Cuando eso cambia, el problema deja de ser invisible, pero no deja de ser estructural.
Pobreza, espacio público y malestar social
La pobreza visible genera incomodidad. Y esa incomodidad suele traducirse rápidamente en malestar social. Aparecen el miedo, la bronca, la sensación de desorden, la demanda urgente de respuestas. En ese clima, la discusión pública corre el riesgo de reducirse a una pregunta mal formulada: ¿qué hacemos con estas personas?
El problema de esa pregunta es que desplaza el foco. No se pregunta por los procesos que produjeron esa situación, ni por las responsabilidades acumuladas, ni por las políticas ausentes. Se pregunta por el efecto, no por la causa. Y cuando se discuten solo los efectos, las respuestas suelen ser defensivas: control, expulsión, desplazamiento, ocultamiento.
La experiencia histórica muestra que cuando la pobreza irrumpe en el espacio público, la tentación punitiva crece. No porque sea eficaz, sino porque es rápida, visible y tranquilizadora en el corto plazo. Pero también es profundamente ineficiente para resolver el problema de fondo.
La falsa oposición entre seguridad y política social
En ciudades como Rafaela, el deterioro social suele leerse rápidamente en clave de seguridad. Es comprensible: el miedo es una emoción política poderosa. Pero es un error estratégico y conceptual separar la seguridad de la cuestión social.
No hay seguridad sostenible en sociedades profundamente desiguales. No hay orden urbano duradero cuando grandes sectores quedan fuera del acceso al trabajo, la educación, la salud y la vivienda. La seguridad no es solo presencia policial; es también previsión social, integración territorial y planificación urbana.
Reducir el debate a más o menos control es una forma de evitar una discusión más incómoda: la de las prioridades políticas, la asignación de recursos y la capacidad del Estado para anticiparse a los problemas.
Cuando el Estado gestiona, pero no planifica
Otro rasgo recurrente en estos escenarios es la sobrecarga de respuestas de emergencia. Dispositivos temporales, parches, acciones fragmentadas, intervenciones aisladas. Todo eso puede ser necesario en el corto plazo, pero no sustituye una política social planificada.
La diferencia entre gestionar y planificar es clave. Gestionar es responder a lo urgente. Planificar es pensar lo importante antes de que estalle. Cuando la planificación está ausente, la gestión se vuelve permanente y la crisis se naturaliza.
En materia social, la falta de planificación se expresa en la desconexión entre áreas, en la ausencia de seguimiento de trayectorias personales, en la incapacidad de articular salud, educación, trabajo, vivienda y urbanismo. El resultado es conocido: los problemas reaparecen, se desplazan o se agravan.
Derechos, no caridad
Cuando la pobreza se vuelve visible, también aparece otro riesgo: el de reducir la intervención pública a la asistencia sin horizonte. La ayuda inmediata es necesaria, pero insuficiente si no está orientada a la restitución de derechos y a la reconstrucción de proyectos de vida.
Pensar la política social desde un enfoque de derechos implica algo más exigente que repartir recursos. Implica reconocer a las personas como ciudadanos, no como amenazas ni como objetos de asistencia. Implica trabajar sobre la dignidad, la autonomía y la inclusión, no solo sobre la supervivencia.
Las ciudades que logran enfrentar estos procesos de manera más efectiva son aquellas que entienden que la política social no es un gasto, sino una inversión en cohesión social.
Rafaela como espejo
Rafaela no es una excepción. Es, en muchos sentidos, un espejo. Una ciudad con fuertes capacidades productivas, con tradición institucional, con redes sociales activas, pero también con desigualdades persistentes y déficits de planificación social de largo plazo.
Que hoy el deterioro sea visible no debería conducir a la negación ni a la búsqueda de culpables inmediatos. Debería ser una oportunidad para revisar enfoques, prioridades y criterios de abordaje. Para preguntarnos no solo cómo contener la emergencia, sino cómo evitar que se reproduzca.
Llegar antes
Decir que la política llega tarde no es un ejercicio de cinismo. Es una advertencia. La política puede llegar antes, pero para eso necesita información, sensibilidad social, planificación y coraje para tomar decisiones que no siempre son rentables en el corto plazo.
Cuando la pobreza se vuelve visible, ya estamos corriendo detrás de los hechos. El desafío es construir Estados locales capaces de anticiparse, de integrar políticas, de sostener una mirada de largo plazo y de entender que la inclusión no es un gesto moral, sino una condición básica de convivencia democrática.
Porque cuando la pobreza se vuelve visible, lo que está en juego no es solo la situación de quienes la padecen. Está en juego el tipo de sociedad que estamos construyendo.
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