A propósito del actual conflicto universitario sobre el financiamiento y la paritaria docente, de tal movilización social como no se veía desde hace unos 15 años, surgen múltiples debates -algunos que parecían ya saldados- como el carácter público o no de la universidad, el gasto público, la eficiencia, la cantidad de universidades, la cantidad de docentes, las cuestiones edilicias; en definitiva, los mecanismos institucionales que articulan al Estado, el sistema universitario público, la educación y la sociedad argentina. Y estos sucesos no son mera casualidad, o un hecho aislado. De hecho, hace un par de años, el mismísimo Presidente de la Nación Mauricio Macri se preguntaba extrañado: “¿qué es esto de universidades por todos lados?”
Parece increíble tener que hacerlo todavía a 100 años de la Reforma Universitaria de 1918, pero en estos momentos resulta menester ser tajantes en la defensa de la Universidad pública, gratuita y de libre acceso y su rol fundamental en nuestra sociedad. Podemos profundizar durante horas sobre las implicancias de este posicionamiento, pero la razón esencial del mismo es que la educación debe ser un bien público y su distribución social no debe funcionar según la lógica de mercado de oferta y demanda. Y no por una cuestión meramente simbólica, sino porque la lógica según la que opera la educación en una determinada nación influye de manera determinante en los mecanismos económicos y sociales de la misma. Además, tiene otros impactos que tal vez son menos tangibles a simple vista, pero que también resultan fundamentales desde el punto de vista estratégico.
Primero, en la federalización y descentralización de los recursos nacionales. Por medio de las universidades públicas, el Estado invierte dinero en los territorios más postergados, lo que se traduce en sueldos docentes, construcción, mantenimiento edilicio, entre otros, y genera un impacto económico directo en dicho territorio. Y, claro está, que ese impacto económico se traduce directa y positivamente en un impacto educativo.
Segundo: La federalización y descentralización del conocimiento. Las universidades públicas “por todos lados” posibilitan que jóvenes de un territorio particular puedan estudiar en su territorio, inmersos en su realidad particular, contrastándola con su formación, y pudiendo ejercer luego de recibirse y/o ser docentes en su propio lugar de procedencia, con la perspectiva localista correspondiente que potencie las particularidades territoriales.
Y tercero: La federalización y descentralización del desarrollo. Es típico de las sociedades industrializadas que se configuren desigualdades muy pronunciadas de desarrollo económico y social entre los grandes centros urbanos y los territorios del interior. El Estado, por medio de la federalización de las universidades, posibilita un desarrollo territorial más equitativo del país, fomentando el aprovechamiento de las potencialidades particulares de cada región.
Y hay una cuestión de importancia central en todo esto: la redistribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema económico y social caracterizado por la competencia que, sin la intervención de un Estado de bienestar, conduce a sociedades donde los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Y la educación pública es un mecanismo de redistribución eficaz de la riqueza: permite atenuar las desigualdades económicas y sociales de las personas, posibilitando a todas tener acceso a esta educación. No obstante, para que esto realmente se cumpla, en la Argentina tenemos todavía como deuda pendiente la necesidad de establecer una estructura impositiva progresiva, en la que aporten más impuestos los que más tienen, y menos impuestos los que menos tienen.
Claro está además que el Estado debe acompañar esta redistribución y federalización solidaria de la riqueza con otros recursos: salud, agua potable, energía, rutas, telecomunicaciones, etc. para acompañar de manera integral el desarrollo económico y social de las distintas regiones y territorios. Y esta redistribución y federalización debe ser solidaria porque necesitamos un Estado que tome la decisión política de destinar más recursos per cápita en territorios más postergados, permitiendo atenuar las desigualdades territoriales ya mencionadas.
Por otro lado, las universidades públicas deben estar al frente del desarrollo de ciencias, tecnologías e innovaciones con vistas al futuro, y especialmente en áreas que no necesariamente representan un potencial rentable ni buscan un fin comercial, pero que se traducen en avances positivos para el conjunto de la sociedad, como en energía, salud, medicamentos, medio ambiente, producción sustentable, etc.
En definitiva, estos debates vuelven a poner en el centro de la escena la cuestión: ¿Qué universidad queremos los argentinos y argentinas? Y para tener claro desde dónde pararnos ante este debate, antes debemos tener en claro que un determinado proyecto de universidad configura un determinado proyecto de país, y un determinado proyecto de país configura un determinado proyecto de universidad.
Completamente! La universidad pública y gratuita es esencial en la formación de un país. El problema es que no les preocupa que pensemos dado que la gente que lo hace genera cambios, mejoras, revoluciones! Pero hay que luchar y defender la educación pública para que esto no suceda!
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