La Rafaela de estos días no es la misma de hace unos años. La ciudad ha ido creciendo en población y complejidad, y progresivamente se ha ido asentando un fenómeno típico de las grandes urbes latinoamericanas industrializadas: la violencia. En todas sus formas: conflictos familiares, entre vecinos, violencia de género, ajustes de cuentas, asaltos, uso de armas blancas y armas de fuego. Desde hace varios meses, y cada vez con más fuerza, la agenda pública de Rafaela se encuentra completamente atravesada por un tópico: la inseguridad. Pero hay una cuestión que es crucial y fundamental entender: las causas de este fenómeno no son de ayer, ni del mes o el año pasado; este fenómeno es resultado de un caldo que se ha venido configurando desde hace ya unos 30 o 40 años.
Ante esta realidad, y analizándolo en prospectiva, es especialmente preocupante las situaciones de violencias que involucran a niños, niñas y jóvenes, tanto desde el rol de víctimas como victimarios. Pero ojo: este es un tema en que no debemos admitir propuestas marketineras, simplistas y superficiales que sólo conducen a la nada. Se trata de una problemática sumamente delicada y compleja, que requiere un abordaje profundamente responsable, científico e interdisciplinario.
Las manifestaciones de violencia
en niños, niñas y jóvenes son la expresión visible de una raíz más profunda,
que se va configurando progresivamente en base a una especie de cadena, una
sucesión de diferentes eslabones concatenados que tienen que ver con sus
historias de vida, especialmente a partir de los contextos en los que éstos se
encuentran inmersos: marginación y emergencia social, abandono, pobreza
estructural, la no existencia de contención afectiva y de cuidados, vínculos
familiares violentos, la no existencia de contención institucional, entre otros
factores. Y no es muy difícil de visualizar que, una vez que estas
manifestaciones violentas ocurren, el proceso contextual negativo que configura
a este niño, niña o joven está más que consumado. Y ahí, en ese preciso momento,
quedan dos caminos posibles: la marginación y la consecuente profundización del
problema, o emprender acciones de abordaje para revertir esa situación. Nuestro país cuenta con un marco legal en este sentido, en la Ley
Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, que establece que estas políticas deben ser implementadas mediante
una concertación articulada de acciones de la Nación, las provincias y los
municipios.
Y si realmente nuestra comunidad
pretende mejorar esta preocupante situación, resulta fundamental tomársela en
serio e invertir efectivamente todos los recursos que sean necesarios; éste es
un tema en el que no cabe lugar a mezquindades. Y esta cuestión no es menor,
porque son moneda corriente ya en esta área las políticas de la miseria y el
clientelismo; aquellas políticas que destinan migajas de recursos a resolver
problemáticas muy complejas, y que se aprovechan de las necesidades de los más
vulnerables para ejercer manipulación social. Debemos dejar de reproducir esas
penosas políticas de la miseria para pasar a construir políticas públicas de la
dignidad, destinando la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos
necesarios tanto en cantidad como en calidad.
Centros municipales de desarrollo para niños, niñas y jóvenes
Uno de los grandes desafíos en el
desarrollo local de una comunidad es generar espacios de socialización y
desarrollo como alternativa complementaria al sistema educativo formal. Rafaela debe ser capaz de crear centros de desarrollo integral para
niños, niñas y jóvenes, enfocados en los sectores socialmente más vulnerables. En ese sentido, siempre la
gestión local de políticas sociales posee la ventaja de la proximidad y la
posibilidad de un trabajo más profundo y a la medida de las necesidades de la
realidad local.
Afortunadamente en nuestra ciudad
contamos con experiencias de iniciativas de este estilo por parte de organizaciones
de la sociedad civil que sostienen esos espacios con mucho esfuerzo y voluntad.
Pero, ante la dimensión y complejidad que ha tomado la problemática, resulta
necesario que el Estado Local tome la iniciativa y genere nuevos espacios,
recogiendo las diversas experiencias locales existentes, e invirtiendo los
recursos necesarios en infraestructura, equipamiento y personal.
Estos centros, como base
pedagógica, deben sustentarse sobre las bases teóricas y prácticas de la
educación popular; la cual basa los procesos de aprendizaje y desarrollo de la
persona en la práctica, las experiencias, el razonamiento y el contexto social
en que ésta está inmersa. Concibe al proceso educativo desde el trabajo codo a
codo entre educador y educando, desde la puesta en valor de las experiencias y
conocimientos previos, la interrelación entre teoría y práctica, la atención en
las particularidades, el trabajo colectivo y en relación con el otro, el respeto
por la diversidad, el bienestar y el medio ambiente.
El desafío reside en generar entornos
positivos, donde se produzca una sinergia positiva, y donde los niños, niñas y
jóvenes disfruten de estar. Un espacio que permita el desarrollo de diversas
capacidades, diversas aptitudes y actitudes, especialmente en aquellos en
quienes la educación formal o el entorno familiar presenta dificultades para
ello. Donde puedan desarrollar diversas capacidades como la cognitiva, la inteligencia
emocional, la comunicación y la convivencia, el trabajo en equipo, la
resolución de conflictos, hábitos y habilidades para el trabajo, habilidad
tecnológica, inteligencia financiera, habilidades artísticas, creativas.
También propiciar la buena alimentación, la estimulación, el afecto, las
amistades, el juego y el ocio, así como la lectura y la actividad física. Y debe
trabajar de forma articulada con el sistema público de salud, atendiendo
especialmente aquellos casos en que existan problemas de salud mental, consumos
problemáticos de sustancias u otras anomalías.
Y estos espacios deben involucrar
a las familias; porque es necesario propiciar también el empoderamiento en la
familia del niño, niña o joven, ya que es el sistema social básico y fundamental
encargado de brindarle las herramientas para su desarrollo. Es el contexto más
próximo que lo acobija; el sistema vincular más próximo. En muchos casos seguramente
existirán dificultades para lograr esta articulación, tal vez porque la familia
no demuestre interés, o porque su vinculación con el niño, niña o joven posee
tal conflictividad que ya se le “ha ido de las manos”; o muchas veces también
la familia directamente no está, no existe, y se deben buscar alternativas.
Jóvenes en conflicto con la ley
Finalmente, resulta necesario
contar también con una propuesta institucional especial para aquellos niños,
niñas y jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley penal. Debemos pensar
en un espacio particular para contener y abordar específicamente esta población.
Existen en nuestra ciudad organizaciones que, tal vez de forma indirecta, abordan el
tema y lo hacen con mucha vocación, esfuerzo y voluntad, y muy a menudo deben
afrontar importantes dificultades económicas para poder llevar adelante su
accionar. Y el Estado no debe desentenderse de esta problemática, debe tomar la
iniciativa, recoger todas esas experiencias locales e invertir los recursos
necesarios en ese sentido.
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