Coronavirus y la urgencia económica

Estamos a muy pocos días de la fecha de liquidaciones de sueldos de abril, y por estos momentos se están cumpliendo ya 6 semanas desde aquel momento en que el Presidente de la Nación Alberto Fernández, ante la acuciante situación de pandemia mundial del COVID-19, decretara el aislamiento social preventivo y obligatorio, el día jueves 18 de marzo pasado. Tal medida, al día de hoy, podemos ver que fue bien conducida en términos políticos y altamente exitosa en términos sanitarios, lo que se vio reflejado en un achatamiento de la curva de contagios en función del tiempo. Afortunadamente, y en esa misma sintonía, el Gobierno Nacional lanzó también un paquete de medidas de salvataje para las pymes, y desde hace algunos días se fueron emitiendo progresivamente nuevas disposiciones con las que se va avanzando en la flexibilización de aquella medida inicial. Sin embargo, la situación de crisis económica en la que se encuentran la mayoría de las empresas sigue siendo preocupante.

Ante aquella primera disposición del 18 de marzo, y como consecuencia inmediata, la actividad económica en todo el país se redujo al mínimo e indispensable, constituyéndose en drásticas disminuciones de ingresos para las industrias, servicios y comercios restringidos por la medida. Por lo tanto, esta caída en los ingresos de las empresas se ha convertido inmediatamente en una seria amenaza para el pago normal de los salarios de sus trabajadores. De hecho, en los últimos días se conoció que a nivel nacional ya más de 13.000 empleados fueron despedidos o suspendidos desde el 20 de marzo, con el comienzo de la cuarentena. En la provincia de Santa Fe en particular, la cantidad de trabajadores afectados asciende a unos 2.000.

Como sabemos, la situación económica y social del país ya era de por sí complicada, contando sobre fines de 2019 con un 40% de pobreza, a lo que ahora se suma esta situación extraordinaria, y que requiere por lo tanto soluciones extraordinarias. En ese sentido, se desprenden dos objetivos primordiales hacia los cuales el Estado debe apuntar: Primero, reducir al mínimo posible el decrecimiento económico derivado, y segundo, evitar que las desigualdades económicas y sociales se acentúen aun más de lo que ya están.

En primera instancia, es visible que la parálisis económica de los rubros alcanzados por la cuarentena amenaza directamente los ingresos de la gran mayoría de las familias rafaelinas, ya que afecta tanto a trabajadores con autoempleo -en donde se sostiene una familia- como a empresas con empleados en relación de dependencia -en donde se sostienen muchas familias-.

Créditos para las pymes, una medida central

Ante esta situación, días atrás, el Gobierno Nacional lanzó el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), destinado a pequeñas y medianas empresas (pymes), al cual se inscribieron más de 420.000 empresas. Dicho programa ofrece una batería de medidas económicas que comprenden:

• Postergación o reducción del pago de contribuciones patronales.
• Aportes para empresas de hasta 100 empleados, con los que, según la cantidad de trabajadores, se cubrirá entre el 50% y el 100% de los salarios.
• Aportes para empresas de más de 100 empleados, con los que, según la cantidad de trabajadores, se otorgará entre $6.000 y $10.000 por trabajador.
• Sistema integral de prestaciones por desempleo.
• Creación del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), que comprende un aporte de $30.000 millones.

Este último ítem, el FoGAr, es otorgado como garantía ante los bancos privados para facilitarle a las pymes el acceso a préstamos para capital de trabajo, a una tasa máxima de 24% anual y con un período de gracia de 3 meses.

Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), ha destinado $1.000 millones en líneas de capital de trabajo para pymes, a una tasa anual de 12% y con un plazo de 12 meses.

En ese sentido, y considerando las herramientas y capacidades con que cuenta el Estado, resulta imprescindible que el Gobierno Nacional ponga 'todos los cañones' en la efectividad del otorgamiento de estos créditos, y que lo reciban absolutamente todas las empresas que lo soliciten; tanto sean empresas, autónomos o monotributistas, fundamentalmente para que puedan cubrir el pago de salarios. De esta manera, se estaría estableciendo un "puente financiero" de asistencia económica para los sectores productivos paralizados y que, así, se sostenga el consumo de las familias y no se corte la cadena de pagos.

A estas alturas la medida ya está tomada, pero probablemente hubiese sido más justo que los créditos sean ofrecidos a tasa 0%. Esto mismo había sido solicitado un mes atrás a nivel nacional por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC); y también el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) se había manifestado a favor. Correspondería que los créditos sean ofrecidos a tasa 0%, porque no existe justificación, y menos aún en esta situación de crisis, para que se busque obtener un beneficio económico a partir de esta medida. De hecho, si la excusa es el nivel de inflación esperado, es el propio Estado el que controla la política monetaria nacional, y debe instrumentar de manera correcta las políticas económicas para que el nivel de inflación derivado sea el menor posible. Otra posibilidad también podría haber sido establecer una tasa negativa para empresas pequeñas (esto significa que devolverían algo menos de lo que recibieron) y una tasa positiva para empresas más grandes, pero que en la suma total de todos los créditos otorgados estas tasas diferenciadas se compensen, y el interés efectivo dé como resultado el 0%.

En suma, el salvataje mediante créditos para las empresas significa “prorratear” esta profunda crisis entre los próximos 12 meses. En otras palabras, es evitar sufrir durante estas semanas de cuarentena todas las consecuencias que de ella se derivan, para pasar a sufrirlas “un poquito cada mes” durante los próximos 12 meses.

Sin embargo, hasta el momento se han observando grandes dificultades para que las empresas puedan acceder realmente a los créditos ofrecidos por los bancos privados. Es importante recordar que la banca privada busca obtener una rentabilidad en el otorgamiento de estos créditos, porque de hecho estos bancos son negocios creados para tal fin, y es natural que esto esté ocurriendo. Por eso, tal vez como alternativa, puede que resulte pertinente que el otorgamiento de dichos créditos se realice por medio del Banco Nación, que depende directamente del Gobierno Nacional, tercerizando si es necesario el servicio de gestión para tal fin, y posibilitando una dinámica de trámite realmente expeditiva, debido al carácter urgente y extraordinario de la situación. El Estado Nacional cuenta con la información necesaria para dar cuenta del merecimiento de las empresas para recibirlo (por ejemplo, aquellas que lleven más de 6 meses de actividad) y, si en un futuro se diera el caso, también tiene la capacidad de apercibir a aquellas empresas que no cumplan con su obligación del pago de las cuotas crediticias.

En el caso de la provincia de Santa Fe, esta medida sería mucho más factible de implementar si el Estado Provincial contara todavía con un banco público, pero, lamentablemente, el viejo Banco Provincia fue víctima de la avalancha privatizadora de la década del ’90; medida que fuera decretada por el entonces Gobernador Jorge Obeid e instrumentada por quien era el Ministro de la Producción Omar Perotti.

Pero, volviendo a los créditos, la gran pregunta es: ¿Esta medida es viable? ¿El Estado posee tanto dinero suficiente como para sostenerla? Y la respuesta es sí, y reside en la famosa “maquinita de imprimir billetes” -técnicamente llamada emisión monetaria-.

Claro, y ahora la otra gran pregunta es: Pero, ¿es bueno eso? ¿No traería problemas mayores, como una inflación abrumadora? Y la respuesta es que, si se administra de manera correcta, no debería representar grandes problemas o, por lo menos, no mayores a lo que resultaría del catastrófico hecho de que las personas no cobren sus correspondientes salarios, lo que, como hemos señalado, se traduciría en una parálisis de consumo y por ende en un freno en la cadena de pagos.

A la emisión monetaria necesaria para otorgar créditos a las empresas podríamos entenderla como un mecanismo “ficticio”, pero que en términos técnicos no es ni más ni menos que un “puente financiero”, donde se estaría suplantando de manera financiera la falta de ingresos de las empresas.

Yendo un poquito hacia atrás… Una economía posee dos factores básicos que se relacionan directamente: la cantidad de dinero en circulación y la cantidad de bienes y servicios que esa economía produce. Ocurre que, cuando se emite más dinero sin que aumente la cantidad de bienes y servicios producidos, eso genera inflación, ya que más cantidad de moneda genera un aumento en la demanda de bienes y servicios, pero como la oferta se mantuvo igual, esto hace que los precios suban. En una economía bien administrada, ambas variables -cantidad de moneda y cantidad de bienes y servicios producidos- deben crecer en la misma proporción, lo que hace que los precios se mantengan estables a través del tiempo.

Sin embargo, estamos ante una situación extraordinaria, donde necesitamos soluciones extraordinarias, y que estén técnicamente bien administradas. De hecho, como antecedente, durante la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos, que tuvo impacto mundial, el Banco Central de ese país llegó a cuadruplicar su emisión monetaria a lo largo de la década del ’30. Por otro lado, durante la crisis financiera mundial de 2008, el Banco Central de los Estados Unidos volvió a cuadruplicar su emisión monetaria; y, por su parte, la Unión Europea triplicó su emisión de euros. Esto quiere decir que, ante situaciones especiales, la emisión monetaria es una herramienta posible para las economías, siempre y cuando se administre de manera equilibrada.

Tal vez, un criterio factible para su correcta administración, es que los salarios de abril que se deberían ir pagando dentro de algunos días, garantizados con esta medida financiera, no se abonen en su totalidad, sino en la proporción correspondiente al nivel de gasto que han tenido las familias durante la cuarentena en aquellos bienes y servicios no afectados: alimentación, medicamentos, elementos de higiene, servicios de energía eléctrica, TV, internet y gas, alquileres, cuotas crediticias, entre otros. De esta manera, se estaría inyectando al mercado una cantidad de dinero proporcional a la cantidad de bienes y servicios producidos efectivamente, lo que permitiría sostener la cadena de pagos y evitar generar inflación.

Así, se estaría garantizando un “ingreso básico de cuarentena” para las familias para que, mientras las actividades se vayan habilitando, cuenten con la capacidad económica para seguir consumiendo bienes y servicios al mismo nivel en el que lo venían haciendo anteriormente. Todo esto, suponiendo que en los primeros días de abril las empresas hayan pagado normalmente los salarios de marzo, y sujeto a la extensión o no de la cuarentena más allá del 10 de mayo.

Posteriormente, cuando la economía vaya volviendo progresivamente a su actividad normal, con los niveles de demanda anteriores, y las empresas vayan volviendo a sus niveles normales de producción e ingreso y comiencen a devolver los créditos obtenidos, el Estado deberá retirar de la economía ese dinero devuelto para, justamente, evitar que circule en exceso generando inflación, lo que a su vez también sería perjudicial para la mayoría de las personas, ya que afectaría el poder adquisitivo de los salarios.

Por otro lado, pensemos qué ocurriría si no se haría nada de esto: Las familias, habiendo cobrado su último salario en abril, correspondiente a marzo, y habiendo transcurrido la cuarentena realizando los consumos esenciales y pagando por ellos como corresponde, sin trabajar y, por ende, sin percibir un salario correspondiente a abril, al ir levantándose la cuarentena en mayo -suponiendo que así se vaya dando- se encontrarán completamente empobrecidas, sin capacidad de consumo, lo que provocará que inmediatamente, aunque se haya avanzado en la habilitación de actividades y las empresas vayan siendo autorizadas progresivamente a producir normalmente, el consumo no vuelva a su nivel anterior, lo que provocará menos producción y menos ingresos para las empresas; lo que a su vez va a volver a dificultar el pagos de los salarios correspondientes a mayo, y que a su vez puede provocar despidos, y así menos consumo, menos demanda, menos producción, menos ingresos, y así sucesivamente, cayendo en un círculo vicioso de la economía, y resultando así en una crisis económica aún peor.

Este es un momento extraordinario en que el Estado no debe ser mezquino; porque tiene la capacidad para responder ante esta crítica situación, porque la matriz productiva lo está necesitando y es una buena forma de reconocer y retribuir el esfuerzo que permanentemente hace a la hora de contribuir con sus impuestos, y hasta porque al propio Estado le conviene, ya que, si la actividad económica se cae, así lo hará también la recaudación de impuestos.

Por otro lado, el Estado Nacional debería instrumentar también alguna medida para que aquellas empresas comprendidas por los rubros esenciales, que no han sido afectadas por la cuarentena y siguen trabajando casi normalmente, también aporten una parte del esfuerzo económico. De lo contrario, sólo las empresas afectadas por el aislamiento estarían incurriendo en el esfuerzo financiero de endeudarse con créditos para el sostenimiento económico.

Otras consideraciones

También, como alternativa, se pueden señalar otras medidas “intermedias”, como dictar reducciones y/o postergaciones de pagos de alquileres, seguros, servicios (tales como electricidad, telefonía, TV, internet, etc.), pagos de cuotas crediticias y de planes de ahorro, impuestos, entre otros costos fijos que afectan directamente a la economía de las familias. Pero, en suma, es muy probable que la medida de otorgamiento de créditos a empresas sea la más efectiva en términos económicos y la más sencilla en términos de aplicación, porque se evita de meterse en cuestiones más específicas de la microeconomía que requieren mucha más minuciosidad.

Por otro lado, también es importante ejecutar medidas específicas para el sector de trabajadores informales, así como reforzar las políticas de control de precios.

Trabajadores informales: sector comprendido por el gran espectro de empleados en negro, así como también los lavacoches, cortadores de césped, albañiles, changarines, cuidadores de personas, entre muchos otros. Resulta necesario otorgarles un bono mensual que, sumado a lo que ya recibieron en el transcurso de la cuarentena (refuerzo de AUH, IFE), equivalga al consumo promedio que les permitían las tareas que desarrollaban normalmente (seguramente con herramientas e información del Estado se puede realizar la estimación necesaria correspondiente).

Control de precios de productos alimenticios, de higiene y sanitarios: Resulta necesario mantener un control de los precios a valores anteriores al primer decreto de la cuarentena total del 18 de marzo, porque los aumentos que se han venido dando no tienen justificación razonable. Esta medida está bajo responsabilidad de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios de la provincia en conjunto con la Municipalidad, que lo está canalizando a través de un teléfono 0800 donde se puede denunciar desabastecimientos y sobreprecios, pero es necesario reforzar firmemente esta acción, dándole más difusión y efectividad, ya que los aumentos siguen persistiendo.

En definitiva, esta extraordinaria situación, casi única en la historia mundial, requiere de fuertes políticas económicas; y de hecho en distintas partes del mundo se está discutiendo mucho acerca de la ejecución de un "nuevo gran Plan Marshall" para re-encauzar el sendero del bienestar económico y social, pero, por supuesto, esto deberá también ser acompañado de una fuerte perspectiva ambiental. Ojalá, por el bien de Rafaela en particular y de la Argentina en general, las personas que poseen hoy responsabilidades de decisión pública tomen las medidas correctas y con celeridad, para que nuestra comunidad sufra lo menos posible las consecuencias económicas y sociales de esta crítica situación.

Ya con el mes de mayo y la correspondiente liquidación de los salarios de abril encima, en los próximos días veremos qué efecto surten las medidas económicas emprendidas por el Gobierno Nacional y, ya mismo, el nuevo debate urgente girará en torno a cuándo y cómo se irán habilitando progresivamente, o no, las actividades económicas hasta ahora paralizadas.