Una Constitución con mirada de futuro: incorporar el Ambiente en la reforma constitucional de Santa Fe

La provincia de Santa Fe tiene por delante una de las oportunidades institucionales más importantes de las últimas décadas: la reforma de su Constitución, vigente desde 1962. Es un momento que obliga a mirar hacia adelante y a preguntarnos qué pilares queremos que sostengan el futuro de nuestra vida colectiva. En ese marco, hay un elemento que no puede quedar afuera de la nueva Carta Magna: el Ambiente.

Cuando la actual Constitución fue sancionada, el concepto de ambiente ni siquiera formaba parte del debate público, y mucho menos el de cambio climático. Han pasado más de sesenta años, y hoy vivimos en un contexto global completamente diferente. No se trata solo de sumar un tema a la lista: incorporar el Ambiente en la Constitución implica reconocerlo como base legal para una Santa Fe sustentable, que pueda adaptarse y prosperar en un mundo en transición.

Tal como señalan Ana Julia Aneise y Elizabeth Möhle en su trabajo “Argentina frente al cambio climático”, en nuestro país el cambio climático sigue siendo, en muchos casos, una agenda de segundo o tercer orden. Las urgencias macroeconómicas, los problemas de corto plazo y las disputas políticas inmediatas suelen tapar el bosque de un fenómeno que está transformando el planeta. Esta falta de jerarquía atraviesa tanto al poder ejecutivo nacional como al Congreso, a los gobiernos subnacionales, al sector privado y a gran parte de la sociedad civil. Sin embargo, en el caso argentino, esta postergación es doblemente riesgosa.

Nuestro país es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático: dependemos fuertemente del clima por la centralidad del sector agropecuario, tenemos infraestructura sensible a eventos extremos, y proyectamos nuestro desarrollo económico sobre sectores como el energético, que en su versión hidrocarburífera está quedando obsoleta a escala mundial. Argentina, que representa menos del 1% de las emisiones globales -ocupa el puesto 20 entre los países más emisores del planeta- cuenta con ventajas estratégicas: potencial en energías renovables, un tejido productivo diversificado y capacidades técnicas y sociales para construir una transición justa y planificada.

Pero esa transición no está ocurriendo con claridad. Como señalan Aneise y Möhle, Argentina viene navegando este proceso sin un rumbo firme, y eso hace aún más necesaria la acción descentralizada. Es decir: si el Estado nacional no puede o no quiere liderar, deben hacerlo los gobiernos locales, las provincias y la sociedad civil. Por eso, Santa Fe tiene una gran oportunidad: asumir ese liderazgo y dar el ejemplo, incluyendo de forma clara el enfoque ambiental y climático en su Constitución reformada.

Este reconocimiento no sería simplemente simbólico. Dotar de jerarquía constitucional a los principios de sostenibilidad, mitigación y adaptación al cambio climático, implica que todas las leyes y políticas provinciales futuras deberán alinearse con esos objetivos. Es una forma de blindar el futuro ante la improvisación o la negación. Es también una herramienta para que ciudadanos, organizaciones y gobiernos locales puedan exigir medidas concretas con base legal.

El mundo está atravesando lo que algunos autores llaman una "transición intermedia": una etapa en la que conviven el viejo sistema basado en combustibles fósiles y un nuevo sistema, emergente, basado en energías limpias. Esa superposición genera tensiones, desigualdades y un escenario difícil de gestionar. Por eso, la acción climática ya no puede ser vista como un ámbito técnico o sectorial, sino como una estrategia integral de desarrollo. La transición no es solo ambiental: es económica, social, territorial y cultural.

En ese marco, Santa Fe debe mirar su historia para proyectar su futuro. Nuestra provincia no tiene hoy desmontes masivos porque ya ocurrieron: hace más de un siglo, cuando se desmontó gran parte del Espinal y del Chaco Húmedo para dar lugar al modelo agroexportador. El resultado es que hoy tenemos en nuestro territorio algunos de los ecosistemas más degradados del país. Por eso, el principal desafío ambiental de Santa Fe no está solo en evitar nuevos desmontes, sino en afrontar con inteligencia la transición climática y ecológica en un territorio ya transformado.

Y esa transición debe tener un rumbo claro. Todos los ciudadanos comunes deberíamos tener en claro que la sostenibilidad ambiental primordial que necesitamos es: 1) Lograr la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero; y 2) Bajar la concentración de dichos gases en la atmósfera para estabilizar el clima global en un nivel sostenible en el mediano y largo plazo. Eso implica decisiones económicas, tecnológicas, productivas y sociales de gran profundidad. Pero, sobre todo, implica una visión compartida y sostenida en el tiempo.

Incluir el Ambiente en la reforma constitucional de Santa Fe no va a resolver todos los problemas. Pero puede marcar un camino, y dar señales claras hacia dónde queremos ir. Puede ayudarnos a salir de la lógica del parche, y a pensar la sostenibilidad como un horizonte común. Porque si no se inscribe en la ley fundamental de nuestra provincia, el futuro seguirá siendo vulnerable a los vaivenes del presente.

Hoy, más que nunca, necesitamos una Constitución con mirada de futuro. Y eso empieza por reconocer que no hay justicia social sin justicia ambiental, y que no hay desarrollo posible en un planeta en el que colapsa el equilibrio climático.