En la nota anterior me propuse ensayar algunas líneas acerca de cuáles son desde mi mirada los desafíos que tenemos en el plano económico hacia el Desarrollo Sostenible. En esa misma línea, hoy me propongo reflexionar acerca del plano social.
Podríamos de entrada marcar un tema que es particularmente inquietante en nuestro país: los altísimos niveles de pobreza y desigualdad. Los números del Indec de la pre pandemia marcan la existencia de un 35,5% de pobreza y, según las mediciones del primer trimestre de 2019, la desigualdad expresada mediante el coeficiente de Gini es de 0,44, cercana a las de EEUU (0,41) y México (0,43) -siendo que la de las sociedades más igualitarias ronda los 0,25, como es el caso de Noruega-. Concretamente, las mediciones arrojan que en Argentina el 10% más rico de la población percibe un ingreso 23 veces mayor que el 10% más pobre.
Según los últimos datos de la OIT, el desempleo ronda el 10%, lo cual, cruzado con el dato de la pobreza, arroja un dato más inquietante aún: existe un 25% de argentinos que tiene trabajo pero aún así es pobre. Y esto está fuertemente vinculado también al gran nivel de empleo en negro, que ronda el 35%. Por todo esto y por lo señalado en la nota anterior, urge en la Argentina la necesidad de una profunda reforma impositiva, para migrar hacia un sistema progresivo, donde paguen menos impuestos las personas y empresas de menores ingresos, y viceversa.
Así las cosas, es muy probable que, luego de establecer un sistema impositivo progresivo, y establecer regulaciones para el sistema financiero y las economías de plataforma, sea posible ir por el diseño de una Renta Básica Universal (RBU). Este es un tema que se está debatiendo muy seriamente en el mundo; en los últimos años se han desarrollado propuestas y experiencias piloto en países tan distantes como Finlandia, India, Canadá o Namibia, y hace algunas semanas el Gobierno de España la ha puesto en marcha. Este nuevo paradigma surge especialmente a partir de la gran destrucción de puestos de trabajo que causa la conjunción del auge de la automatización de los procesos productivos, la digitalización de las actividades económicas y la renta financiera. Y es muy importante la condición de universalidad de esta política, que es el criterio que rige en las políticas sociales de los países escandinavos, con el fin de no generar estigmatización y segregación social. Por otro lado, también es necesario junto con la RBU, reforzar la universalización de los sistemas de educación pública y salud pública.
A su vez, los desafíos actuales del mercado de trabajo nos presentan la necesidad de establecer un sistema nacional de educación para el empleo. Esta idea está siendo propuesta por la socialista santafesina Alicia Ciciliani, y tiene que ver con las cada vez mayores exigencias en conocimiento que presentan los puestos de trabajo. Es muy común encontrarse en discusiones sobre el tema la opinión de empresarios que dicen que “no conseguimos trabajadores capacitados”. Esto sería ni más ni menos que una política muy parecida a la implementada a nivel nacional durante la primera mitad del siglo XX, con la apertura de “escuelas fábrica” con la enseñanza de oficios como tornería, carpintería, electricidad, entre otras. Aquella política iba en sintonía con el avance tecnológico productivo del momento, por lo que hoy es necesario hacer lo mismo, pero de acuerdo a las exigencias de la actualidad. El acceso universal a esta política más la existencia de una RBU sería una interesante combinación de políticas de Estado para que las personas desempleadas puedan contar con un ingreso mínimo a la vez que se formen para poder reingresar al mercado de trabajo.
Finalmente, la problemática social que más preocupa a la sociedad y merece toda una gran discusión aparte: los hechos de violencia e inseguridad y, vinculado a ello, el gran clima de impunidad que la gente percibe ante estos hechos. En primer lugar, si se logran resolver los serios problemas económicos y sociales que he señalado aquí y en la nota anterior, se pondría un poco menos complicado el abordaje de este tema tan complejo. De hecho, en el mundo existe un gran consenso en el ámbito de los estudios sociales acerca de la relación casi directa entre los niveles de desigualdad y los de violencia de cualquier sociedad, especialmente en las occidentales -a mayor desigualdad, mayores niveles de violencia. Y, en segundo lugar y más en específico, la gran cuenta pendiente es lograr hacer funcionar el sistema de justicia y dar una vuelta de tuerca al sistema penitenciario actual para que trabaje fuertemente en disminuir los índices de reincidencia de quienes pasan por allí.
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